Las denuncias por maltrato entre estudiantes aumentaron un 52% tras el retorno a la presencialidad y, solo en 2025, el 75% de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación estuvo relacionado con convivencia escolar.
Andrea Cova Moore
La formalización de un adolescente de 15 años como presunto autor material del homicidio de un estudiante de 1° Medio en San Bernardo, junto con la detención previa de otro escolar acusado de participar como cómplice, volvió a centrar la atención en el aumento de los episodios de violencia al interior y en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. El caso se suma a una serie de agresiones con armas, amenazas, riñas y ataques registrados en distintos colegios del país durante los últimos años, un fenómeno que expertos atribuyen a múltiples factores que van más allá de las salas de clases.
Para el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, no existe una única explicación para este tipo de hechos. «La evidencia muestra que la violencia escolar es un fenómeno multicausal», afirma, señalando que influyen las experiencias de violencia en el entorno familiar y barrial, los problemas de salud mental, el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la exposición a contenidos violentos, la presencia de armas y drogas en determinados territorios y las limitadas capacidades institucionales para detectar e intervenir oportunamente los conflictos.
El defensor advierte que la violencia no comienza ni termina en el colegio. «La escuela puede ser el lugar donde el conflicto se manifiesta, pero sus causas suelen provenir de distintos espacios de la vida de niños, niñas y adolescentes». Añade que muchos establecimientos enfrentan esta realidad con equipos de convivencia y salud mental sobrecargados, alta rotación de profesionales y escasa coordinación con las redes de salud, protección social, seguridad y justicia.
Un fenómeno que se intensificó tras la pandemia
Los especialistas coinciden en que el retorno a la presencialidad marcó un punto de inflexión. Quesille explica que el prolongado cierre de los establecimientos durante la pandemia debilitó las habilidades de socialización, la regulación emocional y los vínculos entre estudiantes. Como consecuencia, en 2022 se registraron 5.280 denuncias por maltrato entre alumnos, un 52% más que el promedio observado entre 2018 y 2019.
Lejos de tratarse de un fenómeno pasajero, la situación continuó durante los años siguientes. Según el Defensor de la Niñez, en 2025 la Superintendencia de Educación recibió 17.076 denuncias relacionadas con convivencia escolar, equivalentes al 75% del total de denuncias ingresadas ese año. A ello se suma la aparición de episodios cada vez más graves, con amenazas, ataques planificados y agresiones con armas, lo que impulsó la implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, publicada en 2026.
Quentin Ramond, director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigador principal del Núcleo Milenio “Inseguridad y Cohesión Urbana”, sostiene que las escuelas reflejan los problemas que atraviesan sus comunidades. A su juicio, la alta segregación residencial y escolar limita la interacción entre distintos grupos sociales, dificultando el desarrollo de la empatía, la confianza y las habilidades para resolver conflictos. «Los estudiantes tienen menos probabilidades de involucrarse en conductas violentas cuando sienten pertenencia, confianza y vínculos positivos con sus compañeros, docentes y la escuela», explica.
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