Columna | Escenas de un futuro posible: El régimen de control migratorio en Chile y su peligroso derrotero (El Ciudadano)

«Las deportaciones masivas a terceros países, y las inconcebibles violaciones de derechos que suponen, son de las más recientes estrategias de un régimen global de control de las migraciones y fronteras del que Chile se ha hecho parte, progresivamente, desde inicios de este este siglo».

Por María Fernanda Stang y Carolina Stefoni, investigadoras

Son las 9.30 de esta mañana de comienzos de septiembre en Tapachula, una ciudad muy próxima a la frontera de México con Guatemala. Visitamos uno de los varios albergues para personas migrantes y refugiadas de la ciudad. Tony es cubano, y es una persona mayor. Fue deportado desde Estados Unidos a México, separado de su esposa desde hace 11 años, una mujer afroamericana.

En otro de los patios del albergue nos presentan a Pedro (Pedrrrou dice él, pronunciando como “gringo” su nombre español; no es una performance, es el modo en que aprendió a decirlo). Está preparando una gran olla de “frijoles” junto a otros dos hombres.

Su única esperanza es que Donald Trump se vaya del gobierno, y las medidas migratorias que tomó se reviertan.

La semana pasada se hizo pública una investigación del consorcio Forbidden Stories (“Deportation Project. Revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump”) que reveló que al menos 25.447 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026.

Son unos 35 países de América Latina, África y el Pacífico con los que se han establecido acuerdos con este fin desde la asunción de Donald Trump a la Presidencia. El principal receptor es México, con unas 20 mil personas deportadas. 

Según esta misma publicación, se han destinado unos 410 millones de dólares para estos países receptores, y para organismos de las Naciones Unidas, con el propósito de facilitar estas deportaciones.

También se ha recurrido a presiones, como amenazas de prohibiciones de visas y otras restricciones. Las opacidades jurídicas son tantas y tan evidentes en estos procesos que algunos abogados optan por hablar de desapariciones forzadas y extrajudiciales de personas, en vez de deportaciones.

La conexión de estas escenas y datos con la realidad migratoria chilena no parece evidente, pero existe, y debería preocuparnos.

Las deportaciones masivas a terceros países, y las inconcebibles violaciones de derechos que suponen, son de las más recientes estrategias de un régimen global de control de las migraciones y fronteras del que Chile se ha hecho parte, progresivamente, desde inicios de este este siglo.

Las medidas adoptadas en esta dirección incluyen visados consulares como filtros selectivos, deportaciones masivas, zanjas (o muros invertidos, como han escrito Bianca De Marchi y Angélica Alvites), militarización de la frontera, devoluciones “en caliente”, razias en el espacio público y, ahora, el intento de legalizar detenciones más prolongadas de las personas migrantes con órdenes de expulsión sólo por incurrir en una falta administrativa. 

Este “giro punitivo” en materia de política migratoria en la región latinoamericana se ha fechado en Chile por 2018, aunque tiene su prólogo en medidas como la imposición de un visado consular a las personas de origen dominicano en 2012, lo que después se extendió a haitianos, venezolanos y cubanos.

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