Expertos advierten riesgos de cohecho, omisión de fiscalizaciones, manipulación de permisos y otras formas de coacción cuando las amenazas buscan alterar el funcionamiento de los municipios.
Andrea Cova Moore.
Al menos 22 alcaldes y 18 fiscales cuentan actualmente con medidas de protección debido a amenazas o agresiones vinculadas al ejercicio de sus cargos, según informó el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante una sesión de la comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en la Municipalidad de San Bernardo, instancia convocada para abordar las amenazas de muerte recibidas por el alcalde de la comuna, Christopher White (PS).
“Hoy tenemos a lo menos 22 alcaldes en el país con medidas de protección. Puede haber algunos, alguna pequeña comunidad que no estemos registrando, pero hay a lo menos 22 alcaldes con medidas de protección no como consecuencia de su perfil de riesgo, sino que como consecuencia de que han sufrido alguna amenaza o alguna agresión de otro tipo en razón de su cargo”, señaló Valencia. De ellos, ocho cuentan con acompañamiento cotidiano de personal de Protección de Personas Importantes (PPI).
La situación plantea un problema que va más allá de la seguridad personal de las autoridades. Los alcaldes administran servicios y atribuciones que pueden afectar directamente los intereses de actividades ilícitas, entre ellas la fiscalización, las patentes comerciales, los permisos, las licitaciones, la recuperación de espacios públicos y la coordinación de seguridad dentro de los territorios.
Presión sobre las autoridades
Quentin Ramond, director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigador principal del Núcleo Milenio “Inseguridad y Cohesión Urbana” (NUMIC), explica que los municipios cumplen un papel central en la provisión de servicios como salud primaria, educación, espacio público, seguridad municipal y permisos que permiten la actividad económica local.
Por ello, sostiene que cuando un alcalde queda expuesto a la coacción, no solo se compromete su seguridad, sino también la continuidad y calidad de servicios que dependen de la gestión municipal. A su juicio, la legitimidad de estas instituciones también puede verse afectada cuando los vecinos perciben que una autoridad actúa bajo presión de terceros.
Según Ramond, existe un factor coyuntural asociado a la expansión territorial de economías ilícitas, como el narcotráfico, que requieren controlar espacios locales para operar. A esto se suman desigualdades urbanas persistentes, especialmente en comunas con mayor segregación socioespacial y menor presencia cotidiana del Estado.
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO USS) y ex fiscal, plantea que el aumento de la presencia territorial y capacidad económica del crimen organizado también incrementa su interés por influir sobre autoridades que pueden afectar sus operaciones.
“Las organizaciones criminales buscan reducir los obstáculos que enfrenta su actividad y para ello pueden recurrir tanto al dinero como a la intimidación”, sostiene. En ese escenario, pueden intentar corromper a un funcionario para obtener información, conseguir una omisión o alcanzar una decisión favorable y, cuando eso no resulta, recurrir a amenazas o violencia.
Corrupción y coacción
Los expertos identifican distintos ámbitos en los que esta presión podría afectar la función pública. Entre ellos aparecen el cohecho y soborno en licitaciones y compras municipales, el tráfico de influencias, la manipulación de permisos o patentes, las irregularidades en contrataciones, la entrega indebida de información y la omisión de fiscalizaciones.
Ramond agrega otro riesgo menos visible: la fiscalización selectiva o la omisión de denuncias. “Basta con que decisiones cotidianas empiecen a evitarse por miedo. Es corrupción por omisión, y es más difícil de detectar”, plantea.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, víctima de un plan para acabar con su vida.
Toledo coincide en que la afectación de la función pública no necesariamente requiere un pago. Si una autoridad deja de fiscalizar, modifica una decisión o evita intervenir en determinado territorio producto de una amenaza, una organización criminal puede obtener un resultado similar al buscado mediante la corrupción, aunque jurídicamente se trate de fenómenos distintos.
Proteger a la persona y también la decisión
Frente a este escenario, Ramond plantea que la respuesta institucional debe operar en dos niveles: proteger a la persona y proteger la decisión pública. Para ello, propone reducir la discrecionalidad individual en áreas de mayor riesgo mediante la digitalización y trazabilidad de procesos como permisos, patentes y licitaciones.
Toledo, en tanto, señala que Chile cuenta con mecanismos de protección a través del Ministerio Público y las policías, además de herramientas especiales para investigaciones relacionadas con criminalidad organizada. Sin embargo, advierte que parte de estos mecanismos responde principalmente a una lógica vinculada al proceso penal.
El desafío, sostiene, consiste en proteger a funcionarios que deben continuar tomando decisiones que pueden afectar intereses criminales. Para ello, plantea evaluaciones de riesgo, protocolos comunes entre municipios, policías y Ministerio Público, canales rápidos de denuncia y reacción, controles internos y mayor trazabilidad de las decisiones administrativas.
La experiencia regional constituye otro punto de referencia. Toledo menciona los casos de México y Ecuador, donde la presión del crimen organizado sobre autoridades locales ha alcanzado niveles mayores, incluyendo amenazas, corrupción, infiltración institucional y homicidios. Chile, aclara, no se encuentra en esa situación. El principal desafío, entonces, es evitar que las amenazas se conviertan en una herramienta habitual para condicionar el funcionamiento del Estado.