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Durante la instancia organizada por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales IEUT, el Núcleo Milenio NUVIV,  TECHO-Chile y el Núcleo Milenio NUMIC, se presentaron los resultados de un estudio que cuestiona la asociación automática entre campamentos e inseguridad. La investigación plantea que el estigma territorial pesa más que la evidencia y que avanzar en seguridad requiere integración, organización comunitaria y mayor presencia del Estado. ¿Son los campamentos efectivamente más inseguros que el resto del país o existe una brecha entre lo que muestran los datos y lo que se cree sobre estos territorios? Esa fue una de las preguntas centrales del seminario “Campamentos, Segregación y Seguridad”, realizado este jueves 15 de octubre y organizado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT), el Núcleo Milenio NUVIV, TECHO-Chile y el Núcleo Milenio NUMIC,  instancia en la que se presentaron los resultados del Estudio de Seguridad de TECHO-Chile. Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que 4 de cada 10 hogares del país reportaron incivilidades en su entorno, mientras que en los campamentos la cifra fue de solo 1 de cada 8 hogares. Esta diferencia cuestiona la percepción extendida que vincula a los asentamientos informales con mayores niveles de inseguridad y evidencia la necesidad de distinguir entre los datos disponibles y los prejuicios que recaen sobre quienes viven en estos territorios. En la misma línea, el índice promedio de incivilidades reportadas alcanzó 1,6 a nivel nacional, frente a 0,5 en campamentos, es decir, fue un tercio en estos últimos. La brecha se repitió en todas las regiones del país. Asimismo, mientras un 33% de los hogares a nivel nacional reportó tráfico de drogas en su entorno, en campamentos la proporción fue de 6,5%. En cuanto a las balaceras, estas fueron reportadas por un 36% de los hogares a nivel nacional, frente a un 14,9% en campamentos. “Los datos nos muestran que existe una brecha importante entre la realidad de los campamentos y la imagen que se ha construido sobre ellos. Mientras 4 de cada 10 hogares del país reportan incivilidades en su entorno, en los campamentos lo hace solo 1 de cada 8. Esto no significa que no existan problemas de seguridad, sino que no podemos seguir asociando automáticamente estos territorios con el delito. La seguridad se construye con integración social y urbana, fortalecimiento de las comunidades y presencia efectiva del Estado. Necesitamos dejar atrás los estigmas y avanzar hacia políticas públicas que respondan a las condiciones reales de cada territorio”, señaló Javiera Moncada, Directora de Estudios de TECHO-Chile. La investigación combinó el análisis cuantitativo de la Encuesta CASEN 2022, que consideró 72.056 hogares a nivel nacional, y el Catastro Nacional de Campamentos del MINVU 2022, con 15.046 hogares en campamentos. A esto se sumó un componente cualitativo basado en nueve grupos focales y mapeos participativos en cinco campamentos del Gran Santiago y sus barrios colindantes, que permitió conocer las experiencias y percepciones de quienes habitan estos territorios y de sus vecinos. El peso del estigma territorial Los resultados también mostraron una distancia entre la seguridad reportada por los indicadores y la inseguridad percibida por las personas. Mientras los datos no evidenciaron mayores niveles de incivilidades en campamentos, los relatos recogidos en el trabajo de campo dieron cuenta de una asociación persistente entre estos territorios y hechos graves como balaceras, narcotráfico o secuestros. En los barrios colindantes, esa imagen no siempre estuvo basada en experiencias directas. Durante los ejercicios de mapeo participativo, los lugares identificados como inseguros no se concentraron únicamente dentro de los campamentos: aparecieron también en sus bordes , plazas y sectores de los barrios formales, y no necesariamente dentro de los asentamientos. El estudio advirtió así que la percepción de inseguridad también está influida por las representaciones sociales y las narrativas que circulan sobre estos espacios. Sin embargo, la investigación advirtió que los campamentos no son territorios homogéneos y que existen diferencias entre ellos y dentro de cada uno. En algunos asentamientos, especialmente aquellos que han experimentado un crecimiento acelerado, los propios habitantes reconocieron problemas importantes asociados a la pérdida de vínculos entre vecinos. Por ello, los resultados no buscan desconocer las dificultades existentes, sino evitar que situaciones particulares definan la imagen de más de 120 mil familias que viven en campamentos en Chile. Javier Ruiz-Tagle, académico del IEUT UC y director del Núcleo Milenio Sobre los Desafíos de la Vivienda, NUVIV, quien participó de la instancia, expresó: “Creo que hay que investigar sobre una posible relación entre tomas de terreno, estigma y desalojos. […] En los procesos de gentrificación, está documentado que la estigmatización es un preludio. Estigmatizar un territorio, decir ‘aquí está todo mal’, permite presentar a los desarrolladores que desalojan y generan nuevos desarrollos inmobiliarios como ‘los buenos’, como quienes vienen a sacar los problemas. Y en los desalojos de campamentos podría estar pasando algo parecido”.  “El estigma es una marca que alguien tiene que encarnar, una forma de diferenciación social que está presente en todo tipo de dinámicas de la vida cotidiana. También se ejerce para controlar a la población para ejercer medidas de control policial y en torno al género y la crianza. En este sentido, este estudio es fundamental para actualizar los estudios sobre la producción social del estigma”, expresó la académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC y directora del Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana NUMIC, María Luisa Méndez.   Una seguridad que va más allá del delito Otro de los principales planteamientos del estudio fue que la seguridad debe entenderse desde una perspectiva integral. La ausencia de incivilidades no significa necesariamente que un territorio cuente con condiciones adecuadas para vivir: factores como la higiene y la salubridad, la infraestructura, la exposición a riesgos socioambientales, el acceso a servicios urbanos y la presencia de las instituciones también inciden en la experiencia cotidiana de seguridad. En este sentido, la investigación sostuvo que las respuestas centradas exclusivamente en el control del delito son insuficientes si no se acompañan de políticas que promuevan la integración social y

El funeral de Héctor Cárdenas, alias “El Poroto”, fue catalogado como de alto riesgo y contó con un amplio despliegue policial. La Ley N.º 21.717, promulgada en 2024, establece medidas especiales para este tipo de ceremonias. Andrea Cova Moore El funeral de Héctor Cárdenas, alias “El Poroto”, líder narco investigado por amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo se desarrolló bajo un importante contingente policial luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana lo calificara como un funeral de alto riesgo. El procedimiento contempló el traslado directo del cuerpo desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio Parque del Sendero, en San Bernardo, sin detenciones durante el recorrido. ¿Qué convierte a un funeral en uno de alto riesgo?Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública y académico de la Universidad de Santiago, explica que la categorización se relaciona principalmente con los antecedentes que mantiene la persona fallecida y sus vínculos con organizaciones criminales. Según el académico, los informes de Carabineros consideran factores como la pertenencia del fallecido a una banda delictual, la importancia de esta organización, sus redes y la presencia territorial que mantiene. Estos antecedentes permiten determinar cuándo existe un riesgo mayor asociado a la ceremonia. Araya señala que este tipo de funerales históricamente han generado alteraciones en los barrios donde se desarrollan, debido al uso de armas de fuego, tiroteos, fuegos artificiales, circulación de vehículos a alta velocidad y otras conductas que pueden afectar la seguridad de los vecinos.Una regulación específicaEn 2024 fue promulgada la Ley N.º 21.717, que establece normas específicas para los funerales considerados de alto riesgo. Entre las medidas se contempla limitar el tiempo disponible para el velatorio y establecer que el cuerpo sea trasladado directamente desde el Servicio Médico Legal hasta el cementerio, bajo custodia policial. Araya explica que la regulación busca evitar que estas ceremonias sean utilizadas como demostraciones de poder por parte de organizaciones criminales dentro de determinados territorios. En estos casos, Carabineros realiza un acompañamiento preventivo destinado a inhibir conductas de riesgo. El despliegue también puede incluir controles de identidad y registro de vehículos y personas presentes en el lugar, considerando los antecedentes que puedan existir sobre quienes participan de la ceremonia.“En estos casos, la presencia de Carabineros y los controles que se realizan durante el funeral tienen un efecto inhibidor sobre otros delincuentes que puedan estar presentes, porque saben que serán fiscalizados y que, si mantienen una orden de detención pendiente, pueden ser capturados”, explica Araya. El problema no termina con el funeralCarolina Stefoni, directora alterna del Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana (NUMIC), plantea que la regulación permite controlar los efectos inmediatos de estas ceremonias, pero no aborda por sí sola el problema del narcotráfico. “La ley permite controlar, de alguna manera, el impacto social que generan estos funerales, especialmente en las comunidades donde se realizan. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo, que es mucho más complejo y está relacionado con el narcotráfico en Chile”, sostiene Stefoni. La académica explica que los llamados “narcofunerales” también pueden tener un componente territorial y simbólico, debido a que permiten expresar vínculos entre integrantes de una organización y demostrar capacidad de convocatoria. Por ello, Stefoni advierte que las restricciones a los funerales pueden provocar una transformación de estas prácticas, en lugar de eliminarlas. ““Lo que puede ocurrir es que la ley haga que este tipo de conductas se transforme y que continúen realizándose de otras formas”, señala Stefoni. Entre las medidas que considera relevantes menciona el trabajo con las comunidades, el fortalecimiento de los comités de seguridad, la recuperación de espacios públicos y una mayor coordinación entre municipios, policías y Fiscalía. Sigue leyendo esta noticia emol.com

Durante el mes de agosto de 2026 un grupo de investigadoras e investigadores del Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana (NUMIC) se desplegó en Concepción con el objetivo de conocer de primera mano los territorios donde desarrollará su próximo trabajo de campo.  Este trabajo se estructuró a partir de un indicador multidimensional de inseguridad -elaborado previamente por NUMIC- y que articula factores residenciales, laborales y socioespaciales, cuyos resultados permitieron identificar sectores clave de interés.  A través de recorridos a pie por Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante, el equipo NUMIC evaluó en terreno los lugares donde se concentrará la investigación sobre inseguridad y cohesión barrial.  La directora de NUMIC, María Luisa Méndez, explica que durante el trabajo de campo en estas comunidades, se destacan dinámicas territoriales particulares respecto a la realidad de Santiago. “Nos llamaron la atención varios puntos. Uno de ellos, es las diferencias con Santiago respecto de la proximidad residencial de diversos grupos socio económicos. Vimos que hay sectores que están compuestos por residentes menos privilegiados que conviven con nuevas urbanizaciones de mayores ingresos; asimismo, nos llamó mucho la atención las formas de la convivencia entre urbanización y naturaleza, especialmente cómo el río, lagunas son puntos de encuentro habituales y que generan alta pertenencia local”, expresó.  Según la académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, esta visita también permitió territorializar los hallazgos de la investigación liderada por Xenia Fuster, investigadora principal de NUMIC, lo que les permite dimensionar la relevancia de sus resultados en el contexto local. Algunos de estos hallazgos se encuentran, por ejemplo, en el paper “Las periferias de la periferia: producción de ciudad y política habitacional en Chile”, artículo que analiza la producción de urbanismos periféricos en la comuna de San Pedro de la Paz (Concepción), postulando que la política habitacional del Estado ha sido el actor determinante en la configuración de un territorio espacialmente heterogéneo y de centralidades difusas.  El estudio concluye que las relaciones de clase en San Pedro de la Paz han marcado profundamente su relación con la naturaleza, utilizándose como un atributo de exclusividad para los sectores acomodados, mientras que la vivienda social popular históricamente le dio la espalda o se emplazó en zonas de riesgo como los humedales.  Otro artículo denominado “Habiter les périphéries du logement subventionné au Chili métropolitain” (Habitar las periferias de la vivienda subsidiada en el Chile metropolitano), concluye que las políticas de vivienda subsidiada en Chile, no sólo responden al déficit habitacional, sino que actúan como un potente agente estatal que produce dos tipos de periferias urbanas con dinámicas de habitar marcadamente desiguales. Por un lado, la periferia de la política productivista que perpetúa dinámicas de segregación, precariedad e insularidad, donde el estigma territorial externo y el deterioro del entorno llevan a los residentes al aislamiento o al deseo de migrar. Por otro lado, la periferia suburbana subsidiada, gestada bajo el paradigma de integración social, que promete mejor calidad de vida, pero impone nuevas barreras de movilidad —afectando desproporcionadamente a las mujeres por la dependencia del automóvil— y genera dinámicas de micro-segregación interna y mercados informales.  Otros artículos que abordan la producción de periferias urbanas en Chile como resultado de la evolución de la política habitacional de Estado y cuyo caso de estudio es el Área Metropolitana de Concepción (específicamente en comunas como San Pedro de la Paz y Coronel) son: “Mujeres habitantes de condominios de vivienda social en Chile: una aproximación desde el enfoque de las pruebas”, “Me pareció ver un lindo suburbio. La iniciativa subsidiaria por el bienestar en Coronel, Chile” y “The architecture of differentiation and subjectivities in Chilean social mix housing”. 

Expertos advierten riesgos de cohecho, omisión de fiscalizaciones, manipulación de permisos y otras formas de coacción cuando las amenazas buscan alterar el funcionamiento de los municipios. Andrea Cova Moore. Al menos 22 alcaldes y 18 fiscales cuentan actualmente con medidas de protección debido a amenazas o agresiones vinculadas al ejercicio de sus cargos, según informó el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante una sesión de la comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en la Municipalidad de San Bernardo, instancia convocada para abordar las amenazas de muerte recibidas por el alcalde de la comuna, Christopher White (PS). “Hoy tenemos a lo menos 22 alcaldes en el país con medidas de protección. Puede haber algunos, alguna pequeña comunidad que no estemos registrando, pero hay a lo menos 22 alcaldes con medidas de protección no como consecuencia de su perfil de riesgo, sino que como consecuencia de que han sufrido alguna amenaza o alguna agresión de otro tipo en razón de su cargo”, señaló Valencia. De ellos, ocho cuentan con acompañamiento cotidiano de personal de Protección de Personas Importantes (PPI).La situación plantea un problema que va más allá de la seguridad personal de las autoridades. Los alcaldes administran servicios y atribuciones que pueden afectar directamente los intereses de actividades ilícitas, entre ellas la fiscalización, las patentes comerciales, los permisos, las licitaciones, la recuperación de espacios públicos y la coordinación de seguridad dentro de los territorios. Presión sobre las autoridadesQuentin Ramond, director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigador principal del Núcleo Milenio “Inseguridad y Cohesión Urbana” (NUMIC), explica que los municipios cumplen un papel central en la provisión de servicios como salud primaria, educación, espacio público, seguridad municipal y permisos que permiten la actividad económica local. Por ello, sostiene que cuando un alcalde queda expuesto a la coacción, no solo se compromete su seguridad, sino también la continuidad y calidad de servicios que dependen de la gestión municipal. A su juicio, la legitimidad de estas instituciones también puede verse afectada cuando los vecinos perciben que una autoridad actúa bajo presión de terceros.Según Ramond, existe un factor coyuntural asociado a la expansión territorial de economías ilícitas, como el narcotráfico, que requieren controlar espacios locales para operar. A esto se suman desigualdades urbanas persistentes, especialmente en comunas con mayor segregación socioespacial y menor presencia cotidiana del Estado. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO USS) y ex fiscal, plantea que el aumento de la presencia territorial y capacidad económica del crimen organizado también incrementa su interés por influir sobre autoridades que pueden afectar sus operaciones.“Las organizaciones criminales buscan reducir los obstáculos que enfrenta su actividad y para ello pueden recurrir tanto al dinero como a la intimidación”, sostiene. En ese escenario, pueden intentar corromper a un funcionario para obtener información, conseguir una omisión o alcanzar una decisión favorable y, cuando eso no resulta, recurrir a amenazas o violencia. Corrupción y coacciónLos expertos identifican distintos ámbitos en los que esta presión podría afectar la función pública. Entre ellos aparecen el cohecho y soborno en licitaciones y compras municipales, el tráfico de influencias, la manipulación de permisos o patentes, las irregularidades en contrataciones, la entrega indebida de información y la omisión de fiscalizaciones.Ramond agrega otro riesgo menos visible: la fiscalización selectiva o la omisión de denuncias. “Basta con que decisiones cotidianas empiecen a evitarse por miedo. Es corrupción por omisión, y es más difícil de detectar”, plantea. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, víctima de un plan para acabar con su vida. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, víctima de un plan para acabar con su vida. Toledo coincide en que la afectación de la función pública no necesariamente requiere un pago. Si una autoridad deja de fiscalizar, modifica una decisión o evita intervenir en determinado territorio producto de una amenaza, una organización criminal puede obtener un resultado similar al buscado mediante la corrupción, aunque jurídicamente se trate de fenómenos distintos. Proteger a la persona y también la decisión Frente a este escenario, Ramond plantea que la respuesta institucional debe operar en dos niveles: proteger a la persona y proteger la decisión pública. Para ello, propone reducir la discrecionalidad individual en áreas de mayor riesgo mediante la digitalización y trazabilidad de procesos como permisos, patentes y licitaciones. Toledo, en tanto, señala que Chile cuenta con mecanismos de protección a través del Ministerio Público y las policías, además de herramientas especiales para investigaciones relacionadas con criminalidad organizada. Sin embargo, advierte que parte de estos mecanismos responde principalmente a una lógica vinculada al proceso penal. El desafío, sostiene, consiste en proteger a funcionarios que deben continuar tomando decisiones que pueden afectar intereses criminales. Para ello, plantea evaluaciones de riesgo, protocolos comunes entre municipios, policías y Ministerio Público, canales rápidos de denuncia y reacción, controles internos y mayor trazabilidad de las decisiones administrativas. La experiencia regional constituye otro punto de referencia. Toledo menciona los casos de México y Ecuador, donde la presión del crimen organizado sobre autoridades locales ha alcanzado niveles mayores, incluyendo amenazas, corrupción, infiltración institucional y homicidios. Chile, aclara, no se encuentra en esa situación. El principal desafío, entonces, es evitar que las amenazas se conviertan en una herramienta habitual para condicionar el funcionamiento del Estado.

Su premisa central es que la inseguridad es un “continuo” de riesgo que afecta la capacidad de los individuos para formar vínculos sociales estables, más allá de la criminalidad y victimización. Este continuo abarca desde la precariedad en el mundo del trabajo, la inestabilidad habitacional, la erosión de la confianza y la movilidad y el riesgo cotidiano. Constituidos en el Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana NUMIC, investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Tarapacá y la Universidad Mayor, aunaron sus conocimientos sobre inseguridad y cohesión urbana con el fin de redefinir y ampliar este concepto, que tradicionalmente se ha reducido a las estadísticas de criminalidad y victimización. NUMIC es liderado por la ex directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y profesora Titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, María Luisa Méndez, junto a la profesora Titular de la Universidad de Tarapacá y directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma entidad, Carolina Stefoni, en su rol de directora alterna. También participan el sociólogo y director del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales, Gabriel Otero; la directora del Laboratorio Urbano de la Universidad de Concepción e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), Xenia Fuster; y el director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor, Quentin Ramond. “Cuando el Estado no logra proporcionar certezas básicas, como la seguridad en la tenencia de la vivienda o la tierra, un tránsito confiable, un empleo estable o un proyecto de movilidad social, la ansiedad resultante erosiona el contrato ‘vertical’ entre ciudadanos e instituciones y la confianza ‘horizontal’ entre vecinos”, aseguran desde NUMIC. Chile como un laboratorio crítico Una amplia desigualdad, segregación y fragmentación social en las ciudades de Santiago, Iquique y Concepción es el contexto donde las y los investigadores de NUMIC desarrollan su trabajo. Éste examina de manera transversal tres espacios clave de la vida urbana: pertenencia (vivienda), tránsito (movilidad) y producción (trabajo). En Santiago, por ejemplo, la proliferación de edificios de gran altura para la clase media y la precariedad de los pobres urbanos resaltan las fracturas verticales y horizontales en la vida social. En Iquique, la intersección de la migración, las representaciones racializadas y la precariedad habitacional crea un conjunto único de vulnerabilidades. Mientras tanto, Concepción refleja los desafíos del desarrollo regional, la transición industrial y la conexión entre inseguridad ambiental y sostenibilidad de la vida. Género, edad y etnia Desde NUMIC explican que la experiencia del continuo de inseguridad nunca es universal y está profundamente moldeada por variables como la clase social, el género, la edad y la etnia. Para las mujeres en las ciudades chilenas, el “continuo de las inseguridades” a menudo incluye la amenaza de acoso sexual en el transporte público o la precariedad doméstica asociada con la “doble carga” de trabajo y cuidados. Sobre la edad, los jóvenes en entornos urbanos pueden enfrentar inseguridad en forma de perfilamiento policial o falta de oportunidades económicas, mientras que las personas mayores pueden experimentarla como vulnerabilidad física y aislamiento social dentro de los vecindarios.  “La etnia y el estatus migratorio también son fundamentales para la experiencia chilena de vulnerabilidad. En ciudades como Iquique, la intersección de la precariedad habitacional y las representaciones racializadas por parte de las autoridades locales crean una condición en la que los migrantes son hipervisibles como ‘amenazas’ e invisibles como sujetos de derechos”, señalan desde NUMIC. Redes informales de apoyo ¿Cómo sobreviven las personas a este continuo de inseguridades? Si bien los sectores  marginados pueden apoyarse en sus historias compartidas y redes informales de apoyo, éstas también se ven expuestas a formas de precarización y fragilidad, por lo que la política pública debiese siempre acompañar sus intervenciones con elementos de fortalecimiento de la cohesión local.  Asimismo, los datos muestran que la inseguridad económica y las dificultades laborales contribuyen significativamente a una mayor sensibilidad y vulnerabilidad dentro de las poblaciones urbanas. En este sentido, en Chile, el “continuo de las inseguridades” estarían acentuando un estado persistente de hipervigilancia. “Proponemos que el concepto de ‘continuo de inseguridad’ logra capturar la curva de riesgo, que va desde el miedo a la violencia física hasta el temor existencial asociado con la precariedad y un futuro incierto. La inseguridad no es simplemente una reacción a una amenaza externa; es una ‘experiencia social’ que moldea cómo las personas habitan la ciudad. Dicta las rutas que toman las personas, las horas a las que salen de sus hogares y las personas con las que eligen interactuar”, indican en NUMIC. Las y los investigadores añaden que la inseguridad también tiene una dimensión temporal, es decir, consiste en una trayectoria que vincula traumas pasados, ansiedades presentes e imaginarios futuros. En este sentido, el desplazamiento histórico o las experiencias pasadas de violencia estatal (como las ocurridas durante la dictadura en Chile) continúan siendo parte de las percepciones actuales de seguridad y confianza institucional. Simultáneamente, la incapacidad de visualizar un futuro estable —debido a la vivienda precaria o al trabajo informal— crea una inseguridad “orientada al futuro”. Cohesión urbana Más allá de ver la cohesión como un estado estático de “unión”, en NUMIC la identifican como un proceso dinámico y multinivel. A nivel horizontal, la cohesión se refiere a la fuerza de los vínculos sociales, la confianza y la ayuda mutua entre individuos y grupos dentro de una comunidad. “En los contextos del Sur Global, estos vínculos suelen ser la defensa principal contra la inestabilidad económica y las duras realidades urbanas. No obstante, la cohesión horizontal puede tener un ‘lado oscuro’, ya que los fuertes vínculos dentro del grupo pueden llevar a la exclusión de ‘otros’, como migrantes o diferentes grupos étnicos,”, puntualizan desde NUMIC. A nivel vertical, en tanto, la cohesión involucra la relación entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, lo que incluye la legitimidad percibida de la policía, la imparcialidad del sistema judicial y la accesibilidad de

Las denuncias por maltrato entre estudiantes aumentaron un 52% tras el retorno a la presencialidad y, solo en 2025, el 75% de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación estuvo relacionado con convivencia escolar. Andrea Cova Moore La formalización de un adolescente de 15 años como presunto autor material del homicidio de un estudiante de 1° Medio en San Bernardo, junto con la detención previa de otro escolar acusado de participar como cómplice, volvió a centrar la atención en el aumento de los episodios de violencia al interior y en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. El caso se suma a una serie de agresiones con armas, amenazas, riñas y ataques registrados en distintos colegios del país durante los últimos años, un fenómeno que expertos atribuyen a múltiples factores que van más allá de las salas de clases. Para el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, no existe una única explicación para este tipo de hechos. «La evidencia muestra que la violencia escolar es un fenómeno multicausal», afirma, señalando que influyen las experiencias de violencia en el entorno familiar y barrial, los problemas de salud mental, el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la exposición a contenidos violentos, la presencia de armas y drogas en determinados territorios y las limitadas capacidades institucionales para detectar e intervenir oportunamente los conflictos. El defensor advierte que la violencia no comienza ni termina en el colegio. «La escuela puede ser el lugar donde el conflicto se manifiesta, pero sus causas suelen provenir de distintos espacios de la vida de niños, niñas y adolescentes». Añade que muchos establecimientos enfrentan esta realidad con equipos de convivencia y salud mental sobrecargados, alta rotación de profesionales y escasa coordinación con las redes de salud, protección social, seguridad y justicia.Un fenómeno que se intensificó tras la pandemia Los especialistas coinciden en que el retorno a la presencialidad marcó un punto de inflexión. Quesille explica que el prolongado cierre de los establecimientos durante la pandemia debilitó las habilidades de socialización, la regulación emocional y los vínculos entre estudiantes. Como consecuencia, en 2022 se registraron 5.280 denuncias por maltrato entre alumnos, un 52% más que el promedio observado entre 2018 y 2019.Lejos de tratarse de un fenómeno pasajero, la situación continuó durante los años siguientes. Según el Defensor de la Niñez, en 2025 la Superintendencia de Educación recibió 17.076 denuncias relacionadas con convivencia escolar, equivalentes al 75% del total de denuncias ingresadas ese año. A ello se suma la aparición de episodios cada vez más graves, con amenazas, ataques planificados y agresiones con armas, lo que impulsó la implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, publicada en 2026. Quentin Ramond, director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigador principal del Núcleo Milenio “Inseguridad y Cohesión Urbana”, sostiene que las escuelas reflejan los problemas que atraviesan sus comunidades. A su juicio, la alta segregación residencial y escolar limita la interacción entre distintos grupos sociales, dificultando el desarrollo de la empatía, la confianza y las habilidades para resolver conflictos. «Los estudiantes tienen menos probabilidades de involucrarse en conductas violentas cuando sienten pertenencia, confianza y vínculos positivos con sus compañeros, docentes y la escuela», explica. Seguir leyendo acá 

  La actividad reunió a estudiantes de magíster y doctorado para presentar sus avances de investigación sobre hábitat residencial, regeneración urbana, inseguridad, desigualdad territorial y experiencias de exclusión en el país. Con el objetivo de profundizar en el estudio interregional e interdisciplinario de las dinámicas socioterritoriales, el Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana (NUMIC) llevó a cabo el viernes 31 de julio la Jornada de Tesistas NUMIC 2026. El encuentro —que reunió al equipo de investigadores/as principales y estudiantes de postgrado— se constituyó como un espacio de diálogo académico e intercambio metodológico centrado en cómo la inseguridad y las brechas socioespaciales impactan la cohesión comunitaria y cotidiana en distintas ciudades de Chile. Matías Aguillón, Trabajador Social de la Universidad de Chile y alumno del último semestre del Magíster Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, presentó su tesis denominada “Reconfiguraciones de inclusión/exclusión en regeneración urbana en Chile. El caso de la Villa San Luis de Maipú”, donde planteó como principal problema el tránsito del déficit de vivienda cuantitativo al cualitativo “Las ciudades pese a ser generadoras de crecimiento económico y bienestar son trampas potenciales de pobreza y desigualdad”, expresó citando al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN- Habitat 2022)    En este sentido, Aguillón analiza cómo los programas “Quiero mi Barrio” y “Somos Barrio” en Chile, configuran en la Villa San Luis de Maipú, las condiciones de inclusión y exclusión social de la comunidad.  “Por un lado, está la semántica que trata a los barrios como socialmente vulnerables (Quiero mi Barrio) y por otra la que los aborda como críticos (Somos barrio), explicó.  Según el tesista, algunas de las problemáticas identificadas en estos programas de regeneración urbana son una baja intersectorialidad, ya que muchas veces se deja de lado a actores claves. Por ejemplo, “muchas veces las personas en situación de calle son vistas como parte del problema” advirtió.  El miedo como la emoción central de la inseguridad  Ignacio Jiménez, Sociólogo con Licenciatura y estudiante de Magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó la tesis “Gramáticas emocionales de la inseguridad urbana en Santiago”, un estudio comparativo en barrios socioeconómicamente diferenciados, que se surge a partir de algunas brechas y vacíos de investigación, como lo son una alta predominancia de la medición cuantitativa. Asimismo, el tesista se refirió a un cierto  reduccionismo en la investigación sobre inseguridad urbana, donde repertorios complejos como el miedo o la incertidumbre son abordados como sinónimos. Lo anterior estaría llevando a una homogeneización de la experiencia emocional. “La tesis busca insertarse en el vacío respecto a qué ocurre con las demás emociones y cómo éstas se logran articular entre sí”, advirtió.  En efecto, el concepto central de la tesis es el de gramáticas emocionales, entendido como el conjunto de reglas socioculturalmente situadas que organizan qué emociones son legítimas frente a la inseguridad urbana, cómo deben expresarse, a qué cuerpos u objetos adhieren y qué prácticas cotidianas generan.  La metodología para esta investigación son recorridos barriales, además de entrevistas en profundidad. Para ellos se seleccionaron dos casos: Un condominio cerrado en el sector Chicureo en la comuna de Colina y la población San Gregorio en la comuna de  La Granja. “En el primer caso la inseguridad se percibe como un fenómeno externo con estrategias de protección expresadas en la propia configuración del espacio residencial. En el segundo caso la inseguridad es una condición estructural, articulada mediante procesos de exclusión territorial, estigma barrial y exposición cotidiana al delito”, expuso.  Hogares migrantes en el sur de Chile    “Hacer hogar más allá del lugar: prácticas del habitar y construcción de hogares migrantes de comunidades latinoamericanas y caribeñas en Osorno, Chile 2014-2025” es la tesis de Vladimir Pradines, candidato a doctor Doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos.    Como contexto, Pradines utiliza los datos de migración latinoamericana, que expone a Osorno -a nivel regional-  con un volúmen de oleadas migratorias en aumento, especialmente por parte de venezolanos, colombianos y haitianos que se enfrentan a precariedad laboral, habitacional y racialización.    La pregunta central de su trabajo es: ¿cómo las comunidades haitianas, venezolanas y colombianas construyen y territorializan experiencias de hogar en osorno? Esto no solamente desde la inserción de asentamientos, sino también desde prácticas y procesos materiales y simbólicos que son relacionales.    “Osorno permitiría mirar cómo la migración se inscribe en una una ciudad intermedia a escalas urbanas y barriales y con formas de convivencia distintas”, destacó el investigador. “El hacer hogar también indica inseguridades y búsquedas cotidianas”, agregó.    En este sentido, ir a la feria, al consultorio y la universidad, resultan como formas de “anclarse” a la ciudad”, además de la estabilidad habitacional y la confianza barrial. En resúmen, la tesis estudia cómo las comunidades migrantes producen pertenencia y seguridad cotidiana en la ciudad de Osorno.   Rutas migratorias de subsistencia  Por su parte la socióloga y candidata a Doctora en Teoría Crítica y Sociedad Actual en la Universidad Andrés Bello, Gabriela Córdova, presentó el trabajo “Rutas migratorias de subsistencia de trabajadores/as bolivianos/as: Movilidad, asentamiento y precarización en la agroindustria en Melipilla”, cuya idea es entender cómo la movilidad se articula con procesos de asentamiento y dinámicas históricas de precarización del trabajo agrario en el valle central.  “¿Por qué Melipilla? Porque históricamente es un nodo entre el campo y la ciudad y actualmente la industria frutícola cubre más de 13 mil hectáreas bajo riego, concentrando redes migrantes y tensiones socioambientales, con un crecimiento de 260% de población migrante entre 2027 y 2024 con fuerte presencia boliviana y predominio masculino” explicó la tesista.  Los objetivos de esta investigación son describir y analizar las rutas migratorias de subsistencia, examinar las transformaciones de movilidad y el asentamiento en el contexto agroindustrial, junto con analizar cómo las rutas migratorias disputan y reconfiguran el territorio agroindustrial de Melipilla, mediante prácticas económicas y sociales cotidianas.  Menos luz, mayor inseguridad “Percepción y espacios nocturnos ¿Cómo la inseguridad afecta la movilidad en los barrios?” es la tesis que está llevando

¿Cuánta seguridad laboral y social existe para jóvenes transexuales? ¿Es la seguridad equivalente a mayor vigilancia y represión? ¿Volverán varias familias chilenas a compartir una sola vivienda como en antaño? Estas fueron algunas de las preguntas que surgieron en el marco del cuarto coloquio organizado por el Núcleo Milenio sobre Inseguridad y Cohesión Urbana (NUMIC) el miércoles 8 de julio de 2026 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile (FACSO). “Cohesión en tiempos de inseguridad ¿cómo plantearnos hacia el futuro en contexto de incertidumbre?” fue el nombre de la actividad orientada principalmente a estudiantes de pregrado. El objetivo central fue discutir la inseguridad que viven las nuevas generaciones respecto al mercado laboral, la posibilidad de ser propietarios, la estabilidad económica y la movilidad social. Para activar el diálogo, la instancia contó con las presentaciones de Iker Brauchi: Sociólogo de la Universidad de Chile y prácticante de NUMIC, Emmanuelle Barozet: Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y Quentin Ramond: Investigador principal de NUMIC y director del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor (CEAS). Inseguridad urbana y cohesión social: Más allá del enfoque punitiva En su exposición, Iker Brauchi propuso transitar desde la visión tradicional de la inseguridad —que la reduce de forma punitiva al crimen, la violencia y el miedo— hacia un enfoque estructural y multidimensional. “Tales enfoques a menudo pasan por alto cómo la inseguridad está arraigada en la organización estructural de la propia vida urbana, surgiendo no solo de episodios excepcionales de violencia, sino también de condiciones crónicas de precariedad, exclusión, incertidumbre y acceso desigual a recursos materiales y simbólicos”, explicó. Desde la perspectiva que investiga NUMIC, la inseguridad urbana se entiende como una condición existencial y relacional arraigada en la desigualdad. Bajo esta mirada, la generación de seguridad para ciertos grupos suele depender directamente de la intensificación de la inseguridad para otros (como ocurre con los procesos de securitización y financiarización). Brauchi conectó este fenómeno con el concepto de seguridad ontológica (la confianza en la continuidad y fiabilidad del entorno material y social) y con la cohesión urbana, la cual se sostiene en dos dimensiones: Eje Vertical: Relación entre la ciudadanía y las instituciones y Eje Horizontal: Vínculos y relaciones interpersonales. “La literatura especializada demuestra que una sólida cohesión entre instituciones confiables y redes comunitarias activas, mitiga la percepción de inseguridad. Sin embargo, enfrenta límites severos cuando las familias vulnerables no logran movilizar recursos suficientes frente al traspaso de riesgos del mercado”, planteó. Bienestar, educación y los límites de la movilidad social desde los 90s Por su parte, Emmanuelle Barozet analizó las transformaciones sociales en Chile desde la década de 1990 hasta el presente. Destacó como aspecto positivo que la generación actual es “más reflexiva, consciente de las desigualdades y con mayor acceso a la información que cualquier generación anterior”. Asimismo, al ser una cohorte que no ha vivido catástrofes históricas directas como dictaduras, revoluciones o guerras, su relación con la incertidumbre existencial se configura de una manera distinta. No obstante, Barozet matizó el progreso macroeconómico del país a través de datos históricos de la encuesta CASEN y la literatura de movilidad social: Paradoja Educacional: Si bien la escolaridad promedio del país aumentó significativamente (alcanzando 13,6 años en el tramo de 18 a 29 años en 2024), la explosión de la matrícula de pregrado a partir de los años 2000 ha provocado una devaluación de los diplomas. Esto se traduce en que la masificación de la educación superior ya no garantiza el estatus ni la estabilidad de antaño. Estancamiento de la Movilidad Intergeneracional: Citando estudios sociológicos, la académica advirtió que a partir de los años 2000 la posición en el mercado laboral sigue dependiendo fuertemente del capital social y del origen. La movilidad entre las clases populares y medias se restringe mayoritariamente a clases contiguas, volviéndose más difícil salir de los grupos ocupacionales heredados y evidenciando que una mayor credencial educativa no se refleja necesariamente en mejores ingresos. Brechas de Género: La desigualdad estructural también persiste en la participación laboral; según datos analizados de 2024, la tasa de hombres ocupados alcanza el 67,3%, mientras que la de las mujeres se sitúa solo en un 48,2%. Transformación familiar y la brecha entre propietarios y arrendatarios Quentin Ramond abordó cómo la inseguridad habitacional fragiliza a las clases medias y redefine las relaciones familiares. A partir de un estudio relacional comparativo realizado en el área metropolitana de París —un modelo relevante para la realidad chilena debido al alza sostenida de precios inmobiliarios y las barreras de acceso para jóvenes—, Ramond desglosó el impacto del desajuste entre los ingresos y el costo de la vivienda. El investigador explicó que el apoyo económico intergeneracional se ha vuelto indispensable, lo que profundiza las desigualdades no solo entre generaciones, sino también al interior de la propia juventud, dividiéndola según su origen socioeconómico y la capacidad de auxilio de sus padres.  “El mercado del arriendo presenta una relación ambivalente ante el apoyo familiar, puesto que este apoyo perpetúa el sentimiento de dependencia y tensiona las perspectivas de independencia”, concluyó Ramond. Las inseguridades de los jóvenes hoy: Identidad, precariedad y mercado laboral Durante la ronda de diálogo, las y los estudiantes manifestaron sentirse plenamente interpretados por el diagnóstico de los expositores. Las inquietudes se centraron en las barreras del mercado laboral, la salud mental y las desigualdades interseccionales que afectan a identidades vulneradas. Fernanda Alarcón, estudiante de quinto año de Sociología de la Universidad de Chile, sintetizó este sentir. “Mi mayor inseguridad es no poder insertarme en el mercado laboral de una buena forma, ya sea para conseguir un buen trabajo que me permita conseguir ingresos para sostenerme, pero además encontrar un trabajo donde me pueda sentir cómoda, que se relacione con mi profesión y no afecte mi salud mental”. En esa misma línea, Osvaldo Roa, estudiante peruano de intercambio, criticó la «excesiva mercantilización de la vivienda en Chile y la imposibilidad de que las nuevas generaciones accedan a la propiedad». A modo de